Las cifras son millonarias. Las observaciones, escandalosas. El preinforme de la Auditoría General de la Nación (AGN) está en su etapa final, y ya revela presuntos fraudes que ponen, otra vez, a organismos de servicios de salud en el centro de la escena.

El estudio, al cual tuvo acceso LA GACETA, compromete seriamente a la estatal Administración de Programas Especiales (APE) y al menos a 40 obras sociales. Entre otras irregularidades se detectaron prestaciones a más de un centenar de personas ya fallecidas; supuesta documentación falsa (recetas, troqueles y otros papeles); y expedientes firmados por médicos sin registrar.

El caso, además, roza a dos tucumanos que tienen mucha responsabilidad en el área. El primero es Manuel Martín Alves, gerente general de APE desde hace casi un año. El segundo, Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación (y vicegobernador de la Provincia en uso de licencia).

El preinforme, que sería oficializado en 10 días, expone el seguimiento realizado por la AGN sobre un muestreo de 10.114 expedientes iniciados por la APE entre 2005 y 2010.

En las 94 páginas, los auditores realizaron un análisis minucioso sobre el funcionamiento del organismo, que maneja un presupuesto anual de $ 1.500 millones para repartir subsidios entre las obras sociales.

De esta manera, se detectaron presuntos fraudes que podrían acabar en escándalo, si se concreta la denuncia penal que pretende llevar adelante el senador tucumano José Cano (UCR), titular de la comisión de Salud de la Cámara baja.

Por ejemplo, los auditores cruzaron la información del sistema Pampa (utilizado por APE) con el padrón de fallecidos del Registro Nacional de las Personas. Así, se determinó que hubo 117 beneficiarios que habían fallecido para cuando se realizaron las prescripciones, prácticas o tratamientos médicos subsidiados. La cifra, que corresponde a más de uno de cada 100 expedientes analizados, implicó la erogación de $ 2,1 millones a favor de diferentes obras sociales en los cinco años consignados.

Gastos de excepción
Eso no es todo. Los contadores de la AGN analizaron los gastos de excepción, que implican apoyo financiero para las obras sociales en ciertas prestaciones, como stent coronarios y prótesis cardíacas, entre otras. En 2005, se erogó en este rubro $ 4,7 millones. En 2010, $ 122 millones. "Si bien la discrecionalidad es una facultad de las máximas autoridades, no se ha tenido conocimiento de que hayan ocurrido causas sanitarias para que ocurra (sic) tal comportamiento", destaca el preinforme

Los auditores también hicieron observaciones sobre las documentaciones que constaban en el muestreo de los archivos analizados. "En algunos expedientes surgen dudas respecto de la autenticidad de la documentación incorporada, en orden a la similitud en las firmas y en la tipología de las diversas recetas, prescripciones, recibos, etcétera", indicaron los expertos.

Algunos párrafos antes remarcan otra presunta falencia administrativa. "En el 73,17% de los expedientes analizados por un monto otorgado de $ 16.424.000 se aconseja la aprobación de la rendición de cuentas, existiendo faltantes de la documentación respaldatoria de la aplicación de fondos, tales como facturas, recibos, historias clínicas y análisis de laboratorio", destaca el borrador de la AGN. Además, en uno de los ítems más graves, los auditores "verificaron troqueles de dudosa legitimidad".

También se consignó que había al menos 11 beneficiarios de prótesis de cadera que superaban los 100 años (los tres casos extremos eran de personas de 178, 137 y 127 años). Sin embargo, se aclaró que esto quizás sea producto de fallas del software Pampa.

Por último, los auditores realizan una recomendación. "Como consecuencia de la gravedad de las observaciones formuladas, y a efectos de constatar la existencia de un perjuicio fiscal e identificación de responsabilidades, se recomienda la realización de un deslinde de responsabilidades en todas las áreas involucradas", indicaron los expertos de la AGN.

Sin contrato
En su primera página, el informe consigna el nombre del gerente general de APE, el tucumano Alves. El funcionario no estaba al frente del organismo en el período en que se tomaron las muestras para la auditoría. Sin embargo, tendrá la dura misión de regularizar las observaciones expuestas.

El caso de Manzur es diferente, ya que uno de los cuestionamientos que constan en el informe trata de un polémico subsidio aprobado directamente por el Ministerio de Salud de la Nación.

El 26 de noviembre de 2009, la obra social Bancaria Argentina le requirió a la cartera un subsidio de $ 15 millones, según el preinforme. "Se respaldaba el pedido en la necesidad de contar con fondos que permitan la continuidad prestacional de la obra social", explica el texto.

Desde el área de Salud se le instruyó a APE para que atendiera el pedido. Así, luego de una serie de informes, se otorgaron los fondos, que debían ser reembolsados en 60 cuotas iguales y consecutivas de $ 250.000, más intereses. Los auditores remarcaron que, más allá de una mora de cuatro meses en la primera cuota, hay otro punto a tener en cuenta. "(Se detectó) la falta de instrumento (contrato) que certifique el acuerdo de las partes en cuanto a los términos, condiciones y plazos que rigieron a la presente operación", destacaron los expertos.

En ese sentido, el senador Cano le expresó a LA GACETA que, si persisten las irregularidades detectadas una vez oficializado el informe, el bloque radical estudiará contra qué funcionarios realizará la denuncia penal correspondiente. "A partir de todo esto, también se pedirán informes. El ministro (por Manzur) deberá dar las explicaciones pertinentes, dado el caso", explicó el parlamentario.